- Esta política integral será ejecutada en un horizonte de 9 años, con una inversión mínima de $34.531 millones de los recursos del Presupuesto General de la Nación para adelantar los diferentes programas que se deberán aprobar en la vigencia respectiva.
- Su plan de acción está centrado en cuatro ejes estratégicos, que se desarrollarán en 11 líneas de acción, con plazos específicos y entidades responsables, lo que facilitará el seguimiento y la evaluación de resultados.
- “Este documento Conpes para el sector cafetero es de la mayor trascendencia. Ningún otro sector agrícola colombiano lo tiene”, dijo el Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo.
Fruto de la labor conjunta del Gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), acaba de ver la luz el documento Conpes 4052 “Política para la sostenibilidad de la caficultura colombiana”, hoja de ruta de la acción pública para el sector a 2030.
“Este documento Conpes para el sector cafetero es de la mayor trascendencia. Ningún otro sector agrícola colombiano lo tiene”, dijo el Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo.
El documento, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), formula una política encaminada a garantizar a largo plazo la sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad cafetera para reducir la incertidumbre y dependencia de los productores a programas sociales y transferencias monetarias.
Esta hoja de ruta parte de un diagnóstico detallado de los principales desafíos y áreas de oportunidad de la caficultura colombiana, que incluyen baja productividad por acceso limitado a activos productivos, inestabilidad del ingreso por riesgos climáticos y de mercado, barreras de mercado para la comercialización interna y externa del café verde y transformado, y una insuficiente oferta de bienes públicos en los eslabones de la cadena de café, incluida una baja conectividad digital.
Un ejemplo diciente de la pertinencia del diagnóstico es que, de todo el café exportado, un muy alto porcentaje es verde, de modo que el potencial para exportar grano de mayor valor agregado es enorme.
Esta política integral propone un plan de acción centrado en cuatro ejes estratégicos u objetivos específicos, que se desarrollarán por medio de 11 líneas de acción.
El primero de los objetivos es fomentar el acceso a activos productivos para incrementar la productividad y consiste en 1) reducir y flexibilizar los costos de producción, 2) aumentar la infraestructura para el manejo de la poscosecha, 3) estabilizar los procesos de renovación a nivel de finca cafetera, 4) mejorar la eficiencia en la gestión de recursos hídricos y 5) ampliar el conocimiento de la reglamentación para el manejo de sombríos forestales en fincas cafeteras.
Estabilizar el ingreso del caficultor para reducir el impacto de factores externos que influyen en el precio y la producción de café es el segundo objetivo, que contempla 6) fomentar el acceso a herramientas que reduzcan la incertidumbre y promuevan la gestión de riesgos agropecuarios y la capacidad de ahorro del productor.
Impulsar la comercialización interna y externa de café verde y transformado (según la calidad del producto) es el tercer objetivo, que contempla 7) impulsar la exportación de café con mayor valor agregado, además de 8) garantizar acceso a mercados en cumplimiento de nuevas exigencias sanitarias y de inocuidad, así como 9) impulsar un sistema de compra que reconozca al productor su perfil de taza y aumentar el consumo interno de café.
El cuarto y último objetivo consiste en fortalecer la oferta de bienes públicos en los eslabones de la cadena del café para hacer más competitiva la actividad cafetera mediante 10) la reducción de los altos costos de transporte y exportación, y 11) el aumento de la conectividad digital en zonas cafeteras.
Cada una de estas líneas de acción tiene plazos específicos y entidades responsables de su ejecución, lo que facilitará su seguimiento y evaluación de resultados.
Pese a los esfuerzos del Gobierno por financiar programas que fortalecen la productividad y la competitividad, así como apoyos directos para atender a caficultores afectados por fenómenos climatológicos y la volatilidad del mercado cafetero, estos han sido insuficientes para garantizar que la caficultura sea sostenible a largo plazo.
De modo que el nuevo documento Conpes sectorial llega para abordar de forma más integral y articulada los desafíos del sector cafetero con la mira puesta en procurar su sostenibilidad a largo plazo.
Esta política, que será ejecutada en un horizonte de 9 años, con una inversión mínima de $34.531 millones de los recursos del Presupuesto General de la Nación para adelantar los diferentes programas y que se deberán aprobar en la vigencia respectiva, será implementada de forma articulada por los ministerios de Agricultura; Comercio, Industria y Turismo; Ambiente; Hacienda y Transporte, entre otras entidades públicas, de la mano de la institucionalidad cafetera.
